Domingo  22 de octubre  de 2017  12:52 am
Fotografías de Lozoya, Duarte, Julión y Márquez

La semana pasada circuló en todos los medios de información la filtración al diario brasileño O’Globo, en la que se afirma que la empresa Odebrecht entregó a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, un soborno para obtener un contrato de obra en la refinería que se encuentra en Tula, Hidalgo.

De ahí se informó que existían estados de cuenta en los que aparecían transferencias a la cuenta de una empresa, supuestamente por indicaciones de Lozoya.

Esto ha sido suficiente para que en redes sociales se diera por hecho que Lozoya recibió esos sobornos y los medios de comunicación cruzaron información para comprobar la supuesta responsabilidad de Lozoya.

Todo esto ha sido suficiente para que se considere culpable a Lozoya, inclusive un grupo de senadores exigió que se le congelaran sus cuentas.

Otro famoso caso es el de Javier Duarte de Ochoa, que un día si y otro también es señalado por el gobernador del estado de Veracruz como responsable de actos de corrupción.

También está el caso de Rafael Márquez y Julión Álvarez a los cuáles hasta el momento no se les ha probado ninguna acción ilícita.

En todos estos casos, por señalamientos de terceros, las personas han sido acusadas, procesadas y sentenciadas en un juicio público, pero sin haber sido procesadas ni condenadas en un proceso judicial previo.

Algunos podrían argumentar que estamos frente a un ejercicio de la libertad de expresión, pero también es cierto que aunque la libertad de expresión no está sujeta a censura previa, sí tiene límites y uno de esos límites es la presunción de inocencia.

“Todo hombre es inocente hasta que se pruebe lo contrario” dice el principio general de derecho; Ulpiano, jurista romano, sostenía que “nadie debe ser condenado por sospechas, porque es mejor que se deje impune el delito de un culpable que condenar a un inocente”; Cesare Bonesana-Beccaria, jurista italianao, en su famosa obra Tratado de los delitos y las penas, subraya que “ningún hombre puede ser llamado culpable antes de la sentencia del juez”.

Nuestra Constitución establece en el artículo 20, apartado A, fracción I, como derecho del imputado “A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.

La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito atribuido y quien acusa es quien está obligado a probar. Este principio acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme.

En la doctrina se destaca que este principio implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa. El principio se vulnera si antes de que el imputado sea encontrado culpable una decisión judicial o incluso, extrajudicial, relacionada con él, refleja una culpabilidad.

Este principio no sólo puede ser violado por el juez, sino por otras autoridades que al informar al público acerca de las investigaciones criminales en proceso, no lo hacen con discreción y cautela necesarias para que el derecho a la presunción de inocencia sea respetado, sino que se condena informalmente a una persona o se emiten juicios ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública de culpabilidad, sin que la responsabilidad se acredite conforme a la ley.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en los casos Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México y Loayza Tamayo vs Perú que no debe iniciarse un proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por el contrario, establecer que la carga de la prueba es de quien acusa y que no debe condenarse informalmente a una persona o emitir un juicio ante la sociedad que contribuya a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal del imputado.

Los medios de comunicación también contribuyen a la violación del principio cuando difunden una versión incompleta, anticipada o inacabada de la realidad. Revertir el impacto mediático de señalar a alguien como culpable es casi imposible. Sobre el tema el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha establecido en la observación general 32, que los medios de comunicación deberán evitar expresar opiniones perjudiciales a la presunción de inocencia.

Una prueba de que un juicio mediático constituye un juicio previo que afecta todo el proceso, que lo contamina, es el caso Florence Cassez, que fue liberada a consecuencia del circo mediático que fue su detención.

En el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 113, fracciones XIV y XV, se regula como derechos del imputado a no ser expuesto a los medios de comunicación y a no ser presentado ante la comunidad como culpable.

Pero en todos estos casos está sucediendo lo contrario: legisladores y medios, hacen aparecer a estas personas como culpables de los delitos que se les imputan.

Comentario especial merece el gobernador de Veracruz, que al menos en la entidad ha creado la idea preconcebida de culpabilidad.

Parece que no se aprendió nada del caso Cassenz. Después no nos sorprendamos porque las defensas de estas personas argumenten que se violó el principio de presunción de inocencia por el circo mediático y las declaraciones de autoridades, y al final obtengan su libertad.

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