Lunes  11 de diciembre  de 2017  3:46 pm
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Hace una semana la agrupación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció que a partir de que se estableció en la Ciudad de México (CDMX) que la tenencia es sólo para los vehículos cuyo valor sea superior a los 250,000 pesos, los vehículos han sido registrados en otros estados de la República para evitar pagar el impuesto, principalmente en Morelos.

La agrupación explica que, según datos entregados por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), el número de autos con valor superior a los 250,000 pesos que fueron dados de baja en la capital para darse de alta en otro estado creció en 2,050 por ciento del 2011 al 2012.

“A partir del 2012, cuando el cobro de la tenencia pasó de manos de la federación a los estados, distintas agencias de autos de lujo en la Ciudad de México recurren a un esquema para que sus clientes burlen el impuesto que conlleva usar el auto en la capital. Este esquema, operado por una red de gestores que trabaja con las agencias, consiste en tramitar a los clientes placas de Morelos” entidad en donde no existe la tenencia.

Se calcula que la Secretaría de Finanzas pierde entre mil y dos mil millones de pesos al año por autos emplacados en Morelos pero que circulan en la capital.

Pero lo más lamentable es que la legislación está diseñada para que estas evasiones u omisiones se den, así porque quien emplaca en Morelos no está violando la ley.

En la CDMX no existe legislación que obligue a los habitantes de la metrópoli a registrar en la entidad sus vehículos. Por ejemplo, el Código Fiscal de la CDMX, establece que están obligados al pago del impuesto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos “las personas físicas y las morales, … siempre que el Distrito Federal expida las placas de circulación a dichos vehículos en su jurisdicción territorial”.

Esta redacción permite que aquel que adquiera un vehículo lo registre en la entidad de su conveniencia sin ninguna consecuencia.

Además, en el estado de Morelos se puede registrar un vehículo exhibiendo la autorización del propietario de un inmueble en el estado en el que manifieste su conformidad con el registro.

Así, aquel ciudadano de la Ciudad de México que registra un automóvil en Morelos no está cometiendo ninguna ilegalidad, sólo está mintiendo. Y hasta ahora, el mentirle a una autoridad no es un delito.

Es lamentable que esta práctica se dé entre personas con alto poder adquisitivo que no tienen justificado evadir su obligación de contribuir al desarrollo, peor aún en el caso de los legisladores o funcionarios públicos.

Pero más lamentable es que la ley lo permita.

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