Corte Europea de Derechos Humanos

La Corte Europea de Derechos Humanos, CEDH, falló a favor de cinco ex cajeras de un supermercado de Cataluña, España, despedidas después de haber sido captadas en video robando o ayudando a robar, debido a que se vulneró su derecho a la vida privada al no haberles informado que estaban siendo videograbadas todo el tiempo.

La sentencia relata que las cinco mujeres, entre 54 y 43 años, trabajaban para la cadena de supermercados M.S.A como cajeras. Cuando la administración notó discrepancias entre lo vendido y lo recaudado, decidió instalar cámaras de vigilancia. A los empleados se les hizo saber de la instalación de estas cámaras, pero la empresa instaló otras cámaras ocultas que grabaron a los empleados todo el tiempo durante un periodo prolongado, sin haberles informado sobre su existencia.

Con los videos en que se mostraba a las cajeras ayudando a clientes o a otros empleados a robar o robando ellas mismas, fueron confrontadas por el patrón y de ello derivó el despido. Tres de las cajeras firmaron un acuerdo para no llevar a la empresa a tribunales laborales a cambio de no ser denunciadas por los robos.

Pese al acuerdo, todas llevaron sus casos ante los tribunales laborales los que aceptaron los videos como prueba legalmente obtenida. Por ello, las cinco mujeres de nacionalidad española decidieron presentar su caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos alegando infracciones al Artículo 8, sobre la vida privada, y al Artículo 6, derecho a un debido proceso, del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Respecto del Articulo 8, la Corte concluyó que se había vulnerado su derecho a la vida privada porque existe la obligación de informarles sobre la instalación de todas las cámaras de videovigilancia.

Si bien el tribunal europeo reconoció que España no tuvo injerencia directa en el asunto por ser entre privados, concluyó que todos los países tienen la obligación de tomar las medidas pertinentes para asegurarse que en sus territorios se respete el derecho a la vida privada.

Asimismo, estuvo en desacuerdo con los tribunales laborales españoles en cuanto a la proporcionalidad de la sanción y concluyó que en este caso se incumplió la ley española en materia de protección de datos pues no se notificó debidamente a los empleados que estaban siendo videograbados.

Por tanto, los tribunales fallaron al no haber encontrado un equilibrio justo entre los derechos involucrados infringiendo el derecho a la vida privada de las promoventes.

Respecto del Articulo 6, la Corte concluyó que no hubo vulneración del debido proceso toda vez que los videos no fueron la única evidencia analizada y que las promoventes no recurrieron la veracidad de los mismos.

Como reparación de daños no pecuniarios, la Corte Europea ha condenado al estado español a pagar a cada una de las promoventes 4,000 euros, además de 500 euros por gastos judiciales a la primera de ellas y 568.86 euros a las otras cuatro.

Se trata de una decisión que puede ser malinterpretada, pero recordemos que el tribunal no juzgó sobre las acciones de las cajeras, sino sobre la vulneración de sus derechos al no haber sido debidamente notificadas de la existencia de las videocámaras. Hay que tomar nota, por tanto, de la importancia que tiene el respeto a la información de terceros en lo que se conoce como datos personales y que incluye la notificación de la existencia de cámaras de seguridad.

Más información echr.coe.int

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