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El viernes de la semana pasada, la Suprema Corte de la India hizo de su conocimiento un conflicto que se desarrolla en una provincia, donde abogados locales están haciendo esfuerzos para impedir que se presenten cargos en un caso de violación y homicidio.

La víctima de los delitos es una niña de 8 años de la comunidad nómada Gujjar que pasa la mayor parte del año atravesando los Himalaya para establecerse durante el invierno en las planicies de Jammu, al norte de la India. Conforme con las investigaciones, en enero, la niña fue secuestrada y retenida en el templo hindú de la villa de Rasana donde fue violada repetidas veces antes de ser estrangulada y golpeada con una piedra hasta matarla.

Se trata de un caso que ha sido alcanzado por los tentáculos de la política y la religión, de tal forma que los abogados locales, apoyados por la Barra de Abogados de Jammu, se han manifestado para impedir que se presenten cargos en contra de los presuntos responsables, entre ellos el cuidador del templo y un policía acusado de la destrucción de evidencia.

Un grupo de abogados presentó un escrito a la Suprema Corte de la India con los pormenores del caso, señalando que los abogados en Jammu no solo habían impedido que se presentaran cargos, sino que incluso habían evitado que el abogado de la familia de la niña se presentara ante el tribunal.

Con fundamento en este escrito, el pasado viernes una banca de tres magistrados de la Suprema Corte, presidida por el presidente del Máximo Tribunal, Dipak Misra, atrajo el asunto para su conocimiento.

Respecto del asunto, el magistrado Misra declaró que el deber de todo abogado es apoyar al litigante y no involucrarse en actividades para obstruir el curso de la justicia. “Cualquier obstrucción afecta la dispensación de justicia”, señaló el magistrado.

Asimismo, recordó que existen sentencias que prohíben a las Barras y Colegios de Abogados aprobar resoluciones tendientes a obstruir el sistema judicial, añadiendo que estos organismos no pueden evitar que las personas, víctimas o acusados, ni que los órganos de investigación se presenten ante los tribunales.

Mientras en Rasana, en tanto que los abogados se manifestaban para evitar la presentación de cargos, la familia de la niña abandonó calladamente su hogar en la villa para refugiarse en casa de parientes en otra población, temiendo por su seguridad.

Abdul Haq Khan, ministro de justicia del gobierno local, declaró a los medios que sin importar lo que sucediera, un castigo ejemplar se impondría a los responsables del “atroz acto”.

“No se trata de ninguna religión ni de política. Se trata de hacer justicia. Se trata de hacer justicia a una niña de 8 años que no tenía ni idea de cual era su religión…Tenemos que dejar a un lado la política y mantenernos por la verdad y la justicia. Si no podemos, entonces debemos dejar la política”, declaró el ministro.

Este caso llama la atención porque ha llevado al extremo la tendencia que lamentablemente parece estar prevaleciendo en el mundo actualmente, México incluido, en donde queremos que las leyes se apliquen unas veces sí y otras no, dependiendo del sentir de la mayoría. Aquí, como se involucra el tema religioso, la mayoría opina, abogados incluidos, que la violación y homicidio de una niña indefensa no debe ser procesado y que la justicia no es hacia la niña sino hacia los perpetradores.

Más información thehindu.com

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